El de hacer subastar judicialmente el inmueble mediante un proceso rápido (aunque haya pasado a ser propiedad de cualquier otra persona) y el de cobrar, con el precio obtenido en el remate, antes ( por ser acreedor privilegiado) que los acreedores comunes o quirografarios del deudor.

Este derecho es oponible no sólo al deudor sino a cualquier otro interesado; no lo afectan embargos posteriores del inmueble u otras medidas judiciales.

El escribano, para su mayor seguridad, va a confeccionar y tramitar los certificados que le permitan comprobar que la persona que va a constituir la hipoteca tiene pagos los impuestos que afectan a la propiedad.

Si así no fuera, el notario va a retener al deudor las sumas necesarias para su pago, procedimiento que también realiza en las operaciones de compraventa.